La justicia frenó la expropiación de células madre

Ayer se conoció la noticia de que una jueza dictó una medida cautelar que evitó que un banco privado de células madre de cordón umbilical tuviese que poner a disposición del Estado las stem cells de una familia.

El Incucai había resuelto que las células madre hematopoyéticas que se encuentran en el cordón umbilical formaran parte de un registro nacional y, por ende, fueran puestas a disposición de algún paciente que necesitara un transplante de médula ósea.

La justicia decidió amparar a la familia que había guardado esas células madre en un banco privado.

La noticia levantó polvareda en los medios, entre los especialistas de bioética y público en general. ¿Es legítimo que una familia, que puede pagar los 1100 dólares que cuesta la criopreservación de stem cells, padezca la expropiación de ese material genético? ¿O es correcto que el Estado genere un registro nacional con esas células, para que puedan ser aprovechadas por cualquier otra persona en situación de emergencia?

Habría que observar cómo manejan el tema otros países. Reino Unido, por ejemplo, fue el primer estado en inaugurar un banco de células madre coordinado por distintos actores sociales.

España, por poner otro caso, pareciera ser el modelo a seguir por los argentinos: los ibéricos tienen un registro Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y la ley obliga a que los bancos privados de stem cells pongan a disposición el material genético en caso de que cualquier paciente que las necesite.

La legislación es menos restrictiva en Holanda o Bélgica, por ejemplo. Las regulaciones de cada país europeo sobre este tema y otros relacionados se pueden leer aquí.

En la Argentina funcionan ocho bancos privados de células madre y sólo uno público, en el Hospital Garrahan. El país aún no se ha definido sobre la concreta normativa de esta actividad. En tanto, proliferan bancos privados que ofrecen guardar células a padres inquietos.