La interrupción del embarazo es un tema polémico que en la provincia de Río Negro levanta un revuelo especial: allí, varios jueces han dictaminado a favor del aborto, tras hacer una interpretación de lo que establece el Código Penal.
En el terreno de la política, sin embargo, el camino es más lento y aún se discuten proyectos de ley para reglamentar la atención sanitaria ante el caso de un aborto no punible.
Hoy se conoció la noticia de la autorización por parte de la justicia rionegrina para practicarle la interrupción del embarazo a una adolescente de 13 años, cuya gestación es fruto de un abuso sexual perpetrado por la pareja de su abuela.
Este caso no es el primero en Río Negro: otro juez rionegrino autorizó en 2008 una intervención quirúrgica ante un caso similar. La legislación de la provincia tiene un par de proyectos impulsados por dos diputadas, Marta Milesi y María Inés García, ambas de la Alianza Concertación para el Desarrollo.
Las iniciativas proponen básicamente regular los procedimientos de la atención sanitaria ante la inminencia de una práctica abortista no punible. Es decir: se limita a prever cómo deben actuar los médicos, enfermeros y obras sociales ante una mujer que llega para practicarse un aborto, previamente autorizada por la justicia.
Estos proyectos tienen una base parecida a la Guía Técnica para la atención integral de abortos no punibles, un protocolo de pasos que elaboró el Ministerio de Salud nacional en épocas de Ginés González García.
En otras provincias, en cambio, la justicia ha dicho “no” a prácticas de este tipo, siempre en función de casos parecidos, en los que la mujer es víctima de un abuso sexual, ya sea un familiar o un tercero.
La discusión continúa.
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